Héctor Rodríguez Colmenero
La posible expulsión del exgobernador Juan Manuel Oliva del PAN no es un trámite interno, es una prueba de fuego. No se trata sólo de aplicar el reglamento, sino de saber si el PAN aún tiene dignidad o si se ha convertido en una simple franquicia electoral al servicio de quienes traicionan sus principios y todavía reclaman fuero moral.
Oliva cometió una falta grave: colaborar abiertamente con “México Republicano”, un partido de extrema derecha que pretende abrirse paso en el escenario político mexicano con posturas radicales y conservadurismo extremo. La imagen del exgobernador panista acompañando públicamente a este proyecto no es menor: es una señal de ruptura, de traición ideológica y de desprecio a los principios que alguna vez dieron sentido al PAN.
Pero más allá de lo que hizo él, está lo que representa. Oliva no actúa solo. Detrás de su figura aún se mueve una red de aliados, beneficiarios, amigos de conveniencia y operadores políticos que lo siguen no por convicción, sino por cálculo. Diputados, regidores, alcaldes, funcionarios actuales y hasta exdirigentes que le deben el cargo, el favor o la candidatura. Y mientras el partido decide si lo sanciona o no, muchos de ellos siguen jugando a la doble moral: dicen estar con el PAN, pero aplauden a Oliva en lo oscurito. Dicen respetar los estatutos, pero colaboran silenciosamente con quien los viola.
Ya basta de esa hipocresía. Ya es tiempo de definirse. Los solidarios de Oliva deben tomar postura: o se quedan en el PAN con lealtad plena, o se van con su caudillo. No se puede estar con Dios y con el diablo. No se puede usar la estructura panista mientras se trabaja en la construcción de otro proyecto. El PAN no puede permitir más simulaciones.
Y aquí es donde el presidente estatal Aldo Márquez tiene la palabra. No basta con iniciar un procedimiento contra Oliva como si fuera un caso aislado y que el tema se valla a sector disciplinario; Es momento de actuar con seriedad, de hacer un gran corte de caja, de revisar quiénes dentro del PAN siguen jugando doble, y presentar un paquete completo de expulsiones y sanciones. Porque si no se actúa con firmeza, el costo político no sólo será interno: el PAN llegará a las elecciones de 2025 dividido, débil y sin rumbo.
Expulsar a Oliva tendrá consecuencias, claro que sí. Implicará la pérdida de operadores, votos controlados, estructuras regionales. Pero mantenerlo sería aún peor: significaría renunciar a los principios, institucionalizar la traición, y mandar el mensaje de que todo se vale si se tiene poder. Es, literalmente, decidir entre salvar el cuerpo o perder el alma.
El PAN tiene hoy una decisión existencial frente a sí. O se limpia, o se suicida. O se redefine como partido con valores, o se hunde como espacio de ambiciones personales sin ética. Si Oliva se va, se puede reconstruir. Si se queda, todo lo que venga será simulación.
Y que quede claro: si hay fractura, no será por castigar la traición, sino por haberla tolerado durante tanto tiempo.