InicioOpiniónEl INE sin voto de… confianza

El INE sin voto de… confianza

La desconfianza no solo golpea al Instituto: también pone en duda la credencial que usamos para identificarnos

#Opinión

Héctor Rodríguez Colmenero

«Se cayó el sistema». Cuatro palabras que marcaron la historia electoral de México en 1988 y que, dos años después, dieron paso a la creación del IFE, antecedente del actual INE. La intención era clara: que el gobierno dejara de ser juez y parte en las elecciones y que los ciudadanos contaran con un árbitro independiente.

Hoy, casi cuatro décadas después, la desconfianza vuelve a rodear a la autoridad electoral. La salida de Guadalupe Taddei, los cuestionamientos sobre contrataciones, las investigaciones administrativas y los cambios en la estructura directiva han llevado al Instituto a una crisis que va más allá de sus funcionarios. El problema es institucional: ¿cómo puede exigir confianza ciudadana una autoridad que debe explicar lo que ocurrió dentro de su propia casa?

Hay, además, otra preocupación que me parece aún más delicada y que afecta directamente a los ciudadanos: la credencial para votar. Se exige para innumerables trámites, contratos, operaciones bancarias y negociaciones patrimoniales, y se ha convertido en uno de los principales documentos de identificación del país. ¿Qué sucede, entonces, cuando la institución que la expide atraviesa una crisis de credibilidad?

Pensemos en la compraventa de un inmueble. El propietario puede estar negociando con alguien que presenta una credencial aparentemente legítima, pero cuyos datos de identidad o antecedentes documentales podrían ser falsos. Los datos biométricos pueden corresponder a una persona real, pero eso no garantiza, por sí solo, que toda la información biográfica asociada sea verdadera. La autenticidad de una huella o de un rostro no sustituye la verificación de los documentos que acreditan la identidad y la nacionalidad.

Incluso podría darse el caso de que una persona de otra nacionalidad se presente como mexicana con documentación cuya autenticidad no se haya comprobado debidamente. No afirmo que esto ocurra de manera generalizada ni que exista una operación así dentro del INE; planteo una vulnerabilidad que obliga a exigir controles rigurosos. Una cosa es la responsabilidad electoral del Instituto y otra, igualmente importante, la confianza que millones de personas depositan en la identificación que expide.

A esto se suma la presión política por una nueva reforma electoral impulsada desde el gobierno federal, que podría modificar las atribuciones y la estructura de las autoridades electorales. No se trata de defender al INE de toda investigación: si hubo irregularidades, deben esclarecerse y sancionarse. Pero tampoco debe permitirse que una crisis administrativa sirva de pretexto para debilitar su autonomía o someterlo a los intereses del poder.

La elección de 2027 será una prueba fundamental. El Instituto tendrá que demostrar independencia, transparencia e imparcialidad; no bastarán los discursos ni los cambios de funcionarios. Desde mi perspectiva, el daño más grave ya está sobre la mesa: la confianza ciudadana está comprometida. Y cuando se pierde la credibilidad del árbitro, cualquier resultado electoral queda expuesto a cuestionamientos.

En 1988 se cayó el sistema. Hoy el temor es que se caiga la confianza en la institución que nació precisamente para evitar que aquella historia se repitiera.

El INE puede cambiar de presidenta, consejeros y funcionarios, pero recuperar la confianza de los mexicanos será su verdadero desafío. Y cuando la desconfianza alcanza incluso a la credencial con la que nos identificamos, el problema deja de ser exclusivamente electoral.

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La desconfianza no solo golpea al Instituto: también pone en duda la credencial que usamos para identificarnos

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Héctor Rodríguez Colmenero

«Se cayó el sistema». Cuatro palabras que marcaron la historia electoral de México en 1988 y que, dos años después, dieron paso a la creación del IFE, antecedente del actual INE. La intención era clara: que el gobierno dejara de ser juez y parte en las elecciones y que los ciudadanos contaran con un árbitro independiente.

Hoy, casi cuatro décadas después, la desconfianza vuelve a rodear a la autoridad electoral. La salida de Guadalupe Taddei, los cuestionamientos sobre contrataciones, las investigaciones administrativas y los cambios en la estructura directiva han llevado al Instituto a una crisis que va más allá de sus funcionarios. El problema es institucional: ¿cómo puede exigir confianza ciudadana una autoridad que debe explicar lo que ocurrió dentro de su propia casa?

Hay, además, otra preocupación que me parece aún más delicada y que afecta directamente a los ciudadanos: la credencial para votar. Se exige para innumerables trámites, contratos, operaciones bancarias y negociaciones patrimoniales, y se ha convertido en uno de los principales documentos de identificación del país. ¿Qué sucede, entonces, cuando la institución que la expide atraviesa una crisis de credibilidad?

Pensemos en la compraventa de un inmueble. El propietario puede estar negociando con alguien que presenta una credencial aparentemente legítima, pero cuyos datos de identidad o antecedentes documentales podrían ser falsos. Los datos biométricos pueden corresponder a una persona real, pero eso no garantiza, por sí solo, que toda la información biográfica asociada sea verdadera. La autenticidad de una huella o de un rostro no sustituye la verificación de los documentos que acreditan la identidad y la nacionalidad.

Incluso podría darse el caso de que una persona de otra nacionalidad se presente como mexicana con documentación cuya autenticidad no se haya comprobado debidamente. No afirmo que esto ocurra de manera generalizada ni que exista una operación así dentro del INE; planteo una vulnerabilidad que obliga a exigir controles rigurosos. Una cosa es la responsabilidad electoral del Instituto y otra, igualmente importante, la confianza que millones de personas depositan en la identificación que expide.

A esto se suma la presión política por una nueva reforma electoral impulsada desde el gobierno federal, que podría modificar las atribuciones y la estructura de las autoridades electorales. No se trata de defender al INE de toda investigación: si hubo irregularidades, deben esclarecerse y sancionarse. Pero tampoco debe permitirse que una crisis administrativa sirva de pretexto para debilitar su autonomía o someterlo a los intereses del poder.

La elección de 2027 será una prueba fundamental. El Instituto tendrá que demostrar independencia, transparencia e imparcialidad; no bastarán los discursos ni los cambios de funcionarios. Desde mi perspectiva, el daño más grave ya está sobre la mesa: la confianza ciudadana está comprometida. Y cuando se pierde la credibilidad del árbitro, cualquier resultado electoral queda expuesto a cuestionamientos.

En 1988 se cayó el sistema. Hoy el temor es que se caiga la confianza en la institución que nació precisamente para evitar que aquella historia se repitiera.

El INE puede cambiar de presidenta, consejeros y funcionarios, pero recuperar la confianza de los mexicanos será su verdadero desafío. Y cuando la desconfianza alcanza incluso a la credencial con la que nos identificamos, el problema deja de ser exclusivamente electoral.

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La desconfianza no solo golpea al Instituto: también pone en duda la credencial que usamos para identificarnos

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Hoy, casi cuatro décadas después, la desconfianza vuelve a rodear a la autoridad electoral. La salida de Guadalupe Taddei, los cuestionamientos sobre contrataciones, las investigaciones administrativas y los cambios en la estructura directiva han llevado al Instituto a una crisis que va más allá de sus funcionarios. El problema es institucional: ¿cómo puede exigir confianza ciudadana una autoridad que debe explicar lo que ocurrió dentro de su propia casa?

Hay, además, otra preocupación que me parece aún más delicada y que afecta directamente a los ciudadanos: la credencial para votar. Se exige para innumerables trámites, contratos, operaciones bancarias y negociaciones patrimoniales, y se ha convertido en uno de los principales documentos de identificación del país. ¿Qué sucede, entonces, cuando la institución que la expide atraviesa una crisis de credibilidad?

Pensemos en la compraventa de un inmueble. El propietario puede estar negociando con alguien que presenta una credencial aparentemente legítima, pero cuyos datos de identidad o antecedentes documentales podrían ser falsos. Los datos biométricos pueden corresponder a una persona real, pero eso no garantiza, por sí solo, que toda la información biográfica asociada sea verdadera. La autenticidad de una huella o de un rostro no sustituye la verificación de los documentos que acreditan la identidad y la nacionalidad.

Incluso podría darse el caso de que una persona de otra nacionalidad se presente como mexicana con documentación cuya autenticidad no se haya comprobado debidamente. No afirmo que esto ocurra de manera generalizada ni que exista una operación así dentro del INE; planteo una vulnerabilidad que obliga a exigir controles rigurosos. Una cosa es la responsabilidad electoral del Instituto y otra, igualmente importante, la confianza que millones de personas depositan en la identificación que expide.

A esto se suma la presión política por una nueva reforma electoral impulsada desde el gobierno federal, que podría modificar las atribuciones y la estructura de las autoridades electorales. No se trata de defender al INE de toda investigación: si hubo irregularidades, deben esclarecerse y sancionarse. Pero tampoco debe permitirse que una crisis administrativa sirva de pretexto para debilitar su autonomía o someterlo a los intereses del poder.

La elección de 2027 será una prueba fundamental. El Instituto tendrá que demostrar independencia, transparencia e imparcialidad; no bastarán los discursos ni los cambios de funcionarios. Desde mi perspectiva, el daño más grave ya está sobre la mesa: la confianza ciudadana está comprometida. Y cuando se pierde la credibilidad del árbitro, cualquier resultado electoral queda expuesto a cuestionamientos.

En 1988 se cayó el sistema. Hoy el temor es que se caiga la confianza en la institución que nació precisamente para evitar que aquella historia se repitiera.

El INE puede cambiar de presidenta, consejeros y funcionarios, pero recuperar la confianza de los mexicanos será su verdadero desafío. Y cuando la desconfianza alcanza incluso a la credencial con la que nos identificamos, el problema deja de ser exclusivamente electoral.

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